A raíz del I Encuentro de Asociaciones Culturales en Defensa del Patrimonio se ha producido un debate sobre el significado de la “participación” en el patrimonio histórico, una cuestión que afecta a la razón de ser y al funcionamiento de los propios colectivos. Las opiniones de amigos de formación y experiencia jurídica nos aclaran las ideas al respecto.


Todos tenemos claro que la participación es un derecho. Es incluso una obligación moral.


Participar en patrimonio no significa (sólo) repartir las invitaciones a un evento para mejorar su difusión. O explicar un día gratis el museo tras haberse leído cinco libros Tampoco se reduce a aplaudir continuamente y mirar a otro lado en caso necesario esperando la próxima subvención.


Se podría disculpar esta opinión, y esta actitud (cuya finalidad, en muchos casos, parece obedecer a la necesidad de reducir gastos a costa de la buena fe de los demás), si se tratara de bienes y dineros privados o estuviéramos hablando de posturas personales, si afectara a “desocupados” deseosas de llenar su “tiempo libre”.


Pero no. Y no puede serlo por el carácter público del patrimonio histórico. Público en función, público en tutela (¿Qué querrá decir esa palabra?), público en destino. Esto significa que nos ataña a todos y que a todos obliga.


Participar es contribuir, es colaborar, es aportar. Es influir en los proyectos, en los programas y en las políticas que nos afectan. Es la posibilidad de compartir lo público, de trabajar en mejorar lo de todos.


En una sociedad democrática, participar no es un cándido deseo o una vana intención; no es (no puede ser) una declaración retórica que se dicta para ser incumplida. Porque está escrita de manera indudable en las leyes (por ejemplo, en el artículo 48 de la Constitución). Incluso está presente en compromisos políticos firmes (la Junta de Andalucía tiene prevista una Ley de Participación Ciudadana, cuyo borrador podría estar redactado en… 2011).


Por desgracia, hay gente que no acaba de comprender que no es positiva (ni aceptable desde hace… 31 años) la separación entre el administrador y ciudadano y que el despotismo ilustrado acabó hace… ¿doscientos años? Hay políticos, incluso, que no acaban de entender que la participación siempre es una baza a su favor


Así que debemos tener tenacidad y paciencia.


Artículo 8º.2 de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985: “será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos el cumplimiento de lo previsto en esta Ley para la defensa de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español”.



Asociación cultural Athenáa

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